La corrupción no es un problema atribuible a ciertas regiones o países. Su carácter global provocó que las naciones del mundo, a través de organizaciones internacionales, construyeran un amplio sistema legal e institucional para su prevención y combate. Esto ha implicado un desafío enorme para el sistema jurídico mexicano que progresivamente se ha modificado en la búsqueda de una interacción eficaz entre los ámbitos administrativo sancionador y el procesal penal, sin embargo, este enfoque ha sido claramente insuficiente a la vista de los resultados obtenidos, o quizás, mejor dicho, de la ausencia de ellos. El último índice de percepción de la corrupción, publicado en 2021 por Transparencia Internacional, muestra que México es uno de los países miembros de la OCDE peor evaluados1.
Dicha percepción, por sí sola, pudiera decirnos muy poco sobre las dimensiones reales del problema, sin embargo, desde la perspectiva global, la ONUDD (Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) ha referido que, a pesar de no existir una metodología generalizada para medir el impacto de la corrupción, el Foro Económico Mundial estima que al menos $2.6 billones de dólares son robados por la corrupción anualmente, el equivalente al 5% del producto interno bruto global.2
Ahora bien, de manera específica, la corrupción política en sus diversas manifestaciones comprende una serie de fenómenos en cascada, con implicaciones tan serias como la vulneración de derechos humanos. Esto es así porque, de acuerdo con Transparencia Internacional, este tipo de corrupción implica el uso del poder para beneficio personal, desviando los recursos públicos que debieran ser destinados a bienes y servicios con ese carácter.
En este mismo orden de ideas, quienes se encuentran implicados en algún delito por corrupción, buscarán seguir disfrutando de las ganancias generadas o reinvertirlas para perpetuar la actividad delicitiva a través del lavado de dinero. El vínculo entre estos dos ilícitos es innegable y además complejo, ya que existen diversas estrategias que emplean la utilización del sistema financiero y de las actividades economicas, dificultando su detección. Todo este escenario muestra cómo la corrupción socava el Estado de derecho y la democracia, perjudica el desarrollo económico y como se ha mencionado supra, impide la garantía de los derechos humanos.3
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo publicada por el Gobierno de México en 2020, la corrupción representa una de las tres mayores amenazas4 de lavado de dinero en México. [...] [queda de relieve que la corrupción es una fuente de fondos ilegalesy al mismo tiempo también hace posible el [lavado de dineroly sus delitos precedentes. Asimismo, el nivel de corrupción socava la capacidad para investigar); perseguir los delitos5.
A lo anterior debemos sumar los altos niveles de impunidad, que agudizan esta amenaza generando que tenga un impacto de riesgo alto para el lavado de dinero. Así, para blanquear el producto de la corrupción, son utilizados complejos esquemas que, por ejemplo, hacen uso del sistema financiero para realizar transacciones que dispersan los recursos entre diversas redes familiares o a través de vehículos corporativos como empresas fachada o empresas fantasma. Los resultados del reporte Financial Gime in Latin America and the Caribbean realizado por Global Financial Integrity, nos dejan más clara la gravedad del problema, que muestran que los tipos de delitos financieros que más afectan a nuestro país son la corrupción y el lavado de dinero, y de las principales actividades que generan ingresos ilícitos se encuentra en primer lugar la corrupción. Además, la estimación del producto del lavado de dinero en nuestro país oscila entre los 18,000 y los 44,000 millones de dólares al año.6
Sin lugar a dudas la impunidad genera corrupción. Una corrupción que se encuentra presente en la mayoría de los niveles de interacción de la sociedad y que no sólo produce una cultura de la legalidad precaria, sino también una amplia desconfianza en el sistema jurídico y sus instituciones. En Latinoamérica y en México, muchos de los casos de corrupción politica a gran escala únicamente han servido como mecanismos mediáticos de extorsión, sin lograr, por un lado, sentencias condenatorias que resulten disuasorias y por el otro, reparaciones del daño eficaces que impidan que las personas involucradas en casos de corrupción sigan disfrutando de los recursos ilícitos.
La prevención, combate e investigación del lavado del producto de la corrupción merecen el compromiso de su estudio desde la academia con perspectivas nacional, regional y global, multi y transdisciplinar. Estos estudios pueden ayudar a:
- Enfocar otros esquemas de cooperación interinstitucional que impacten en la disminución de la impunidad de estos delitos;
- Reforzar las estructuras existentes para su combate como la de la inteligencia financiera para seguirle la ruta al dinero, impidiendo la utilización de los recursos generados por el delito y darles una finalidad social;
- Echar mano de los valiosos análisis económicos de la corrupción para conocer su verdadero impacto e identificar otras medidas de prevención y disuación,
- así como de los estudios criminológicos y de política criminal enfocados a la prevención y sanción de estos delitos;
- Identificar la penetración del dinero ilícito en los procesos electorales, ya sea con el producto de la corrupción o por la delincuencia organizada; entre otros.
Adicional a lo anterior, es muy relevante orientar la atención a la forma en que la corrupción afecta a las mujeres. El Barómetro Global de la Corrupción 2019 muestra por primera vez que, además del soborno como una de las manifestaciones más conocidas de este delito, las mujeres pueden ser víctimas de extorsión sexual o sextorsión, es decir, solicitar favores sexuales a cambio de algún servicio público o derecho, transgrediendo su dignidad humana. También y de manera particular, será imprescindible identificar cómo la trata de personas y el tráfico de personas, y su vínculo con la corrupción y el lavado de dinero, afectan a las mujeres.
En conclusión, este fenómeno global erosiona las economías y los regímenes democráticos, a la vez que alimenta los altos niveles de desconfianza institucional. La corrupción infiltra gobiernos, al grado que los procesos electorales pueden estar financiados por el producto de este delito o por la delincuencia organizada, lo que desvía la finalidad del Estado, profundizando la pobreza y la desigualdad social que existe particularmente en la región latinoamericana.
Estas aproximaciones demandan el estudio constante y en bloque común de la corrupción como fenómeno delictivo que trasciende a la afectación de los derechos humanos. A partir de esta idea, la estrategia de su estudio multi y transdisciplinar desde la academia resulta pertinente, necesario y urgente.
1 Cfr. https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/mex; consultado el 30 de mayo de 2022.
2 Cfr. https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/diciembre-2019/erradicar-la-corrupcin-es-vital-para-lograr-el-desarrollo-sostenible.html; consultado el 15 de febrero de 2022.
3 Cfr. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37786.pdf; consultado el 15 de noviembre de 2023.
4 Una amenaza es una persona o grupo de personas, objeto o actividad con el potencial de da-liar, por ejemplo, al Estado, la sociedad, la economía, etc. En el contexto de LD/FT' esto incluye criminales, grupos terroristasy sus facilitadores, sus recursos, así como actividades de LD/FT' pasadas, presentes y futuras. Evaluación Nacional de Riesgos 2020, P. 16.
5 Evaluación Nacional de Riesgos 2020, P. 27.
6 Cfr. https://gfintegrity.org/report/financial-crime-in-latin-america-and-the-caribbean/; consultado el 20 de junio de 2022